FERRAN GOMILA MERCADAL

El Sistema Penal no es, o no debe ser, la marioneta artillada del gobierno de turno. Su configuración gravita sobre un pacto de sociedad supragubernamental. Cuando Beccaria pronunció su frase lapidaria: dadme el Código Penal de una Nación para interpretar a su sociedad, dijo el Código Penal de la Nación, no del Gobierno de turno.
Esta afirmación inicial la compartirían posiblemente todos los constitucionalistas y todos los penalistas del mundo. Entendámonos, del mundo civilizado.
De este entendimiento del mundo civilizado no forman parte el presidente del Gobierno, señor Aznar, ni su ministro de Justicia, señor Michavila, ni su Fiscal General del Estado, señor Cardenal.
Este trío no forma parte del consenso universal docto y científico que preconiza la existencia del Código Penal como un instrumento central de protección de la sociedad, y no como el instrumento visceral de atrincheramiento del Gobierno de turno en vindicta de su política sectaria.
Un Gobierno esencialmente vindicativo, agresivo y disciplinante flexibiliza y malea el que fue llamado Código Penal de la democracia (Ley Orgánica 10/1995) como un guante de hierro que es movido única y solamente por los impulsos de la mano del Gobierno. Un Gobierno que sojuzga a un Grupo Parlamentario que es un parásito sin entidad propia, que a su vez controla un Parlamento reducido a la inanidad y al cobro de dietas. El mal llamado Poder Legislativo está completamente subordinado al partido gubernamental, que a su vez se halla vampirizado por el propio Gobierno, que a su turno está totalmente supeditado a las ocurrencias del presidente del Gobierno y de su ministro de Justicia, coreado instantáneamente por el Fiscal General del Estado, por la mayoría dominante del Consejo del Poder Judicial y, si falta hace, también por el presidente del Tribunal Constitucional.
En esto ha parado la teórica división de poderes y la estratificación del que sólo con licencia o eufemismo penoso cabe denominar Estado social y democrático de Derecho.
No es ajeno a esta catástrofe del teórico equilibrio de poderes el bochornoso maltrato deliberado que inflige a las Cámaras legislativas el actual mecanismo de legislación, ni que sea de la legislación orgánica. La increíble profusión de normas, singularmente las de contenido laboral y ahora también las de médula penal, imposibilita que los propios jueces y magistrados asimilen este atropello legislativo constante. Se cita como ejemplo más escalofriante el increíble despeñamiento de todo un tratamiento innovador sobre la prisión provisional, por cierto embutido anómalamente en la legislación sobre Extranjería de la L.O. 11/2003, de 23 de septiembre, que ha permanecido en vigor un mes, ya que ha sido reformado sin que el neonato levante cabeza mediante la nueva L.O. 13/2003, de 27 de octubre. Para colmo, se introducen parcialmente nuevos aditamentos sobre la prisión provisional en la posterior L.O. 15/2003, de 25 de noviembre
Por otra parte, esta diarrea normativa se aloja reiterada y sañudamente en cuerpos legislativos embarazados o trufados con todo tipo de normas ajenas a la denominación externa de la ley en cuestión, de modo que las leyes se han convertido de verdad en inclasificables. Todas deberían ser llamadas en propiedad ley de revoltijo n.º tal, y nos enfrentaríamos a la pura verdad. La culminación aberrante del mecanismo aniquilatorio del Poder Legislativo, pero lógica si se tiene en cuenta que la conculcación del equilibrio de poderes es el proyecto natural de una derecha reaccionaria y absolutista, reside en sustraer al Congreso de los Diputados la introducción en el Código Penal de nuevos delitos políticos, que se efectúa mediante una enmienda de urgencia en el trámite de revisión por el Senado de una ley cualquiera, esta vez la Ley de Arbitraje. Naturalmente, me refiero a la introducción de dos delitos que tienen destinatario único y señalado de antemano, los señores Ibarretxe y Atutxa, en función de sus prácticas políticas que el Gobierno Aznar no sabe o no puede contrarrestar por medios políticos legítimos. Es inadmisible que un proyecto político, acertado o no, sea combatido, después de nacer y hacerse presente en estado de insignificancia penal, a través de una reforma penal ad hoc preconizada en solitario y resuelta por el Gobierno a espaldas del Congreso de los Diputados, en el que reside la soberanía nacional.
Esta refinada fechoría sobrepasa sin paliativos los límites que una sociedad sana puede tolerar. Si es consentido este retorno a la más pura caverna de la reacción no sólo se pierde el sentido de la dignidad política, se corrompe igualmente el dificultoso edificio de la teoría constitucional, de raigambre política y jurídica, que ampara al ciudadano frente a las extralimitaciones del poder. Ésta no es una extralimitación cualquiera. El Gobierno pretende criminalizar la voluntad política de unos ciudadanos que no infringían el Código Penal cuando esta voluntad política venía madurando en forma absolutamente pacífica.
Infausta es la actual celebración del 25 aniversario de la Constitución. Una Carta Magna que no es secundada por un Código Penal seguro y fiable, indiscutiblemente el primer texto legal en la prioridad de asegurar la libertad y seguridad de la ciudadanía, es una Constitución puesta en jaque por un poder absolutista y descontrolado. El Gobierno maneja el Código Penal como si fuera un plan de contingencia maleable a su antojo en función de los intereses políticos de la derecha cavernaria.
El Código Penal no es un plan de contingencia. Si nuestra sociedad permite que este atropello sea consumado se halla condenada a la declinación e irremediable caída de las libertades civiles, sede y fundamento de un sistema democrático que no sea sólo de boquilla.
Ferran Gomila Mercadal de la Associació Juristes de les Illes Balears (AJIB).