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al diari El Mundo de Baleares
El Govern quiso comprar
por 300 millones de pesetas un edificio que le ofrecieron por 130
Viernes , 11 de abril de 2003. Actualizado a las 00:54
Las propietarias de las
catalogadas Torres de Gomara comunicaron la intención de vender el
inmueble - Ninguna administración quiso ejercitar, por 130 millones de
pesetas, el derecho de tanteo
A D E M A S
Un colectivo de
funcionarios denuncia a FCC ante el fiscal jefe de Baleares
DIEGO FELIU
PALMA.– La Conselleria
de Turismo no aprovechó su derecho de tanteo sobre las Torres de Gomara
(Almudaina de Gomar, El Temple) y perdió la oportunidad de adquirir
este Bien de Interés Cultural (BIC) por la cantidad de 781.000 euros
(130 millones de pesetas). A pesar de ello, ofreció, tiempo después,
1.800.000 euros (300 millones de pesetas) al administrador de la
sociedad Casas Góticas del Mediterráneo.
Fernando Palazuelo había
firmado una opción de compra con las dos propietarias por la cantidad
ya citada de 130 millones de pesetas.
Según se expone en el
documento que se reproduce en esta página, Maria Angeles de Oleza Tomás
remitió en su nombre y en el de su hermana Isabel un escrito el 8 de
abril del pasado año a la presidenta del Consell de Mallorca, Maria
Antonia Munar, por el que se le manifiesta que habiendo sido declarados
los inmuebles de su titularidad de interés cultural, en virtud de una
resolución de 1931, y en cumplimiento de lo que establece la ley del
Patrimonio Histórico de las Islas Baleares «se procede a notificar»
la intención de transmitir dichos inmuebles mediante compraventa a la
entidad Casas Góticas del Mediterráneo por un precio de venta de
781.315,74 euros (130 millones de pesetas).
Con esta notificación se
iniciaba el periodo que tiene la Administración para ejercitar su
derecho de tanteo o retracto.
Descartado el derecho de
tanteo por parte del Consell, la institución insular debió remitir el
escrito a la Dirección General de Patrimonio del Govern para que
ejercitara su derecho a adquirir el inmueble en cuestión.
El Govern no se pronunció
A la fecha en que caducó
el derecho de tanteo el Govern no se pronunció sobre tal adquisición y
dio luz verde a que sus propietarias llegaran a un acuerdo con el
promotor privado para la venta de las Torres de Gomara.
Pocos meses
después, Luz
Iglesias, jefa de servicio de la Dirección General de Ordenación Turística,
se puso en contacto con el nuevo propietario de las torres a quien le
hizo llegar una tasación de la Conselleria por un valor de 200 millones
de pesetas. Esta cantidad no cubrían las expectativas del promotor,
quien ya había desembolsado una fuerte suma de dinero en los trabajos
arqueológicos que tuvo que realizar por orden de los distintos
responsables de Patrimonio Histórico tanto del Consell de Mallorca como
del Ayuntamiento de Palma.
La opción entonces pasó
a ser un ofrecimiento al propietario para que fijara él el precio en
una cantidad no superior a los 300 millones, 170 millones más de los
que el Govern con fondos de la ecotasa podía haber puesto encima de la
mesa para comprar el inmueble cuando se le dio la posibilidad de hacerlo.
Desde el propio Consell
Insular Miguel Angel Grimalt le pidió al promotor que se pusiera de
acuerdo con el Govern ya que existe un gran interés, promovido por
ARCA, de que pasase a manos públicas.
De
hecho, el pasdo mes de
octubre esta asociación para la revitalización de los centros antiguos
exigió al Consell que interviniese de forma inmediata para proteger y
conservar las torres de la Almudaina de Gomara. Según dijo ARCA, el CIM
había de actuar «con la máxima celeridad y cambiar de actitudes
respecto a este tema». En definitiva, ARCA exigía que se recuperara el
aspecto original de esta puerta de la muralla.
Paralelamente a este
intento fallido de compra de las Torres de Gomara con cargo al dinero de
la ecotasa, el Govern realizó operaciones similares (pagar por encima
del precio acordado con promotores privados) en las adquisiciones del
casal gótico de Can Serra de Palma y el antiguo cuartel de Intendencia
de la calle Socorro.
La empresa pública
Diversitat 21, entidad controlada desde la Conselleria de Turismo del
Govern, compró dicho cuartel pagando 126 millones de pesetas más de
los que sus propietarios se habían comprometido a aceptar de diversos
promotores inmobiliarios.
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