Ninguna de las grandes presas dispone de planes
de emergencia en caso de rotura                                

El País, 14 de enero de 2001

INMACULADA G. MARDONES, Madrid
El récord histórico que alcanzan los pluviómetros en la franja occidental
peninsular ha hecho rebosar a los embalses de las cuencas que vierten al
Atlántico. En Santiago se han recogido 825 litros por metro cuadrado,
cinco veces más que la media anual de Almería. La colmatación de las
presas conlleva un riesgo para las personas y bienes situados aguas abajo.
Tras la rotura de las de Ribadelago (144 muertos) y Tous (9 fallecidos) se
implantaron unas normas severas que incluían la obligatoriedad de
elaborar planes de emergencia. El plazo ha expirado sin que ninguna lo
tenga aprobado.

Una fatídica noche de enero de 1959 los guardas de la presa
de Vega de Tera (Zamora) escucharon un crujido que
confundieron con un trueno. A la mañana siguiente
descubrieron que la presa que vigilaban había sufrido "un
colapso en sus contrafuertes" y había arrastrado las vidas de
144 personas que, como ellos, dormían plácidamente en el pueblo de Ribadelago.
Fallecieron sólo los que vivían dentro de la zona de avenidas. Los demás
sobrevivieron porque estaban situados fuera del área de riesgo.

Todas las presas situadas en las cuencas bajas de los ríos que vierten al Atlántico
desalojan en estos días el agua que les llegaba a borbotones. Riaño, Ricobayo,
Santa Teresa o Valparaíso en el Duero están al máximo de su capacidad. La
mayoría son presas nuevas construidas según las normas elaboradas por una
comisión constituida días después de romperse la de Ribadelago, que tenía sólo
tres años.

Después de la rotura de Tous (1982, nueve muertos y cuantiosas pérdidas
materiales) se vio que no sólo había que vigilar la construcción, sino administrar y
prevenir el riesgo. En 1996 el ministerio de José Borrell aprobó un severo
reglamento para garantizar la seguridad o minimizar los efectos sobre las personas
y bienes situados aguas abajo de los embalses en caso de accidentes.

En Suiza, Italia o Estados Unidos esas normas están al alcance de los potenciales
afectados. A lo largo de los cauces hay carteles indicativos del nivel que pueden
alcanzar las aguas, el tiempo que tardaría la avalancha en llegar hasta allí, sistemas
de alarmas para la población, carteles de señalización de vías de evacuación
rápidas... En España no se atrevieron a clasificar las presas por el número de
muertos que puede causar su rotura, como hacen en EE UU. La catalogación
define tres categorías A, B y C en función del riesgo potencial.

Todas las presas incluidas en los dos primeros grupos "deberán disponer de su
correspondiente Plan de Emergencias". El reglamento daba un año de plazo para
que las presas del Estado o las de concesionarios (las privadas quedaban
excluidas inicialmente) presentaran sus propuestas de clasificación. La propia
Administración se daba un año de plazo para darlas por válidas. Según la directriz
de Protección Civil, todas las incluidas en el grupo A tendrían que haber
presentado sus planes el año pasado. Ninguna lo ha hecho, según fuentes de
Medio Ambiente. La mayoría de las que lo han hecho pertenecen a
concesionarios hidroeléctricos. "Si el Estado no cumple, ¿qué fuerza moral tiene
para exigir que cumplan los demás?", dice un portavoz del ministerio. No hay
presupuesto ni personal.

Las de más riesgo, las pequeñas

Salvo en China, donde las magnitudes se disparan, los siniestros por rotura de
presas afectan más a las pequeñas. El 80% de los embalses que hay en España
albergan menos de 25 hectómetros cúbicos de agua. José Alberto Herreras, vocal
del comité español de grandes presas, afirma que la mayoría de ellas pertenecen a
propietarios que carecen de posibilidades económicas y técnicas para cumplir con
las normas establecidas.

Sólo en Canarias, comunidad donde existe la mayor concentración de presas del
mundo, hay 62. Entre todas ellas sólo almacenan 10 hectómetros cúbicos de
agua. Pero si una presa pequeña, de tan sólo tres hectómetros se rompe, "su
impacto equivaldría al de 300.000 camiones de 10 toneladas cada uno bajando a
toda velocidad por un cauce", dice Alberto Herreras.

En diciembre de 1998, la rotura de una balsa agrícola en Almendricos, en la
provincia de Murcia, levantó más de 200 metros de la misma vía donde han
perecido hace unas semanas 12 inmigrantes ecuatorianos a causa de un accidente
de tráfico.

El historial de incidentes de presas en España registra un total de 111 hasta el año
1944. El más grave segó la vida en 1802 a más de 600 personas, al romperse la
presa de Puentes en la cuenca del río Guadalentín, también en Murcia. El suceso
dio origen a la creación del cuerpo de Ingenieros de Caminos que fundó el
ilustrado canario Agustín de Betancourt.

Las presas grandes cuentan con más medios de vigilancia. Pero los expertos
temen que la rebaja de la tarifa eléctrica impuesta por el Gobierno y la
consiguiente reducción de costes repercutirá en una disminución de medios
técnicos y personales dedicados a esa tarea. En estos momentos ya se está
empezando a jubilar a profesionales de amplia experiencia en este sector.